¿Cómo luchas contra el dinero?: Radiografía de la minería ilegal y la captura del poder en la Amazonía de Perú y Colombia
Nuevo libro publicado por GRADE, Proética y Rainforest Foundation Norway revela cómo el oro fluvial moviliza hasta 16.000 millones de dólares, transformando el tejido comunal, permeando las estructuras del Estado y superando al narcotráfico en la economía ilícita.
En el auditorio del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) se presentó el libro 'Cómo luchas contra el dinero: minería ilegal, comunidades y Estado en la Amazonía de Perú y Colombia', una investigación desarrollada por Juan Luis Dammert, María del Pilar Bernal-Gómez, Iván Brehaut y Mariano Castro, bajo el sello editorial de Proética y Rainforest Foundation Norway. El estudio documenta la acelerada expansión de la extracción aurífera aluvial en cuencas remotas de ambos países y explica por qué no se trata de una simple informalidad de subsistencia, sino de un proceso de acumulación económica y control territorial que desafía la viabilidad del Estado de derecho.
Una economía ilícita sin precedentes
Durante la apertura, José Ugaz, presidente de Proética, expuso cifras sobre la magnitud del fenómeno: la economía ilegal de la minería aurífera en el Perú movilizó alrededor de 12.000 millones de dólares en 2025 tras un incremento anual del 55%, con proyecciones del Instituto Peruano de Economía (IPE) que estiman que podría alcanzar los 16.000 o 18.000 millones de dólares en 2026.
Por primera vez, este flujo supera el valor de las exportaciones de la minería legal formal y sobrepasa con creces los ingresos del narcotráfico. En el caso colombiano, el panorama es similar: más del 80% del mercado de oro tiene origen ilegal.
Ugaz subrayó que el problema central es de "gran corrupción" y captura institucional: "La corrupción es mucho más que el soborno; tiene que ver con la captura o la reconfiguración del Estado. El crimen organizado en el Perú ya no es un asunto coyuntural; involucra redes con funcionarios públicos, élites empresariales y grupos internacionales como el Primer Comando da Capital, el Comando Vermelho, Los Choneros, Los Lobos o el Tren de Aragua".
Añadió que la reciente resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre crimen organizado ratifica que estas economías alteran de raíz las relaciones sociales y ponen en riesgo letal a poblaciones altamente vulnerables, como los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI).
Fiebre en ríos remotos y fractura comunal
Luego, el coautor Juan Luis Dammert explicó que la investigación se concentró deliberadamente en cuerpos de agua amazónicos —entre ellos los ríos Nanay y Tigre en Loreto, Yuyapichis en Huánuco, Santiago en Amazonas y la región de Guainía en Colombia—. Al estar prohibida la minería fluvial por ley, se trata de una actividad estrictamente clandestina e inviable de formalizar.
El hilo conductor del libro es cómo el acceso a dinero rápido e inyectado en efectivo está alterando la gobernanza en los ríos, señaló Dammert. Con un precio del oro en picos históricos, una sola draga de gran calado puede generar un valor de producción de hasta US$350.000 al mes. En poblados aislados y sin presencia de servicios públicos, este flujo de liquidez transforma las dinámicas locales: comunidades enteras cobran peajes para autorizar el paso de dragas, comuneros se emplean como buzos o manguereros y se asientan patrones foráneos que concentran las ganancias y promueven la explotación laboral y la trata de personas.
"Una frase emblemática que escuchamos en campo fue: 'Con el oro mando a mis hijos a la universidad'. Frente a ríos abandonados por el Estado, el oro se convierte en el único proveedor económico, aunque deje secuelas críticas de mercurio, anemia y violencia", puntualizó el investigador.
Dammert advirtió que las respuestas no provendrán exclusivamente de dinamitar dragas en operativos de interdicción: "Las interdicciones atacan el eslabón más visible y débil, pero no golpean la rentabilidad del negocio. Se requiere fiscalizar las cadenas de comercialización, investigar las redes financieras, exigir trazabilidad internacional y, fundamentalmente, invertir en alternativas productivas reales que devuelvan oportunidades a las comunidades ribereñas".
El blanqueamiento y la cadena del valor
En el panel de discusión, la investigadora de la PUCP Zaraí Toledo remarcó que las economías extractivas ilícitas tienen una característica distintiva: están ancladas al territorio. Esto obliga a los operadores a tejer redes con las poblaciones circundantes y con autoridades locales antes de escalar a los niveles más altos del poder político.
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Toledo insistió en la necesidad de enfocar los esfuerzos en las etapas posteriores a la extracción: "Cuando el mineral sale del río y llega a las plantas de beneficio, triplica su valor. Es en esos eslabones intermedios y en las zonas francas donde ocurre el blanqueamiento, donde entran actores con boleta y factura que le dan fachada de legalidad. Allí es donde el Estado sí tiene instrumentos técnicos para fiscalizar; no es solo un problema de incapacidad estatal, sino de voluntad política".
Asimismo, reflexionó sobre la carga moral impuesta a los comuneros: "A veces se le exige a un indígena sin calzado ni servicios básicos que sea el salvador de la humanidad y rechace el dinero de su territorio, cuando el Estado no le ofrece ninguna alternativa de sustento".
La soledad de las guardias indígenas
Por su parte, la periodista Anuzka Buenaluque enfatizó el abandono en el que se encuentran los defensores ambientales y las guardias indígenas, quienes asumen en solitario la protección de los bosques frente a bandas criminales fuertemente armadas.
"El indígena deja de ser indígena si se destruye su territorio. Hoy el Estado realiza un operativo espectacular para las cámaras, detona dos artefactos y al mes siguiente la draga está operando en el mismo lugar. Mientras tanto, una fiscalía ambiental en Ucayali no tiene ni un deslizador para ingresar a zonas como Puerto Inca, convertidas en territorios liberados", cuestionó.
Buenaluque denunció la falta de control sobre las plantas procesadoras, donde las inspecciones suelen limitarse a declaraciones juradas de los propios titulares sin contrastación en campo, y criticó la nula representación política efectiva de las nacionalidades originarias en los espacios legislativos donde se deciden las normas ambientales.
El libro concluye con un llamado urgente: frenar el avance del oro ilegal exige ir más allá de la respuesta armada y el discurso punitivo. Demanda rastrear los activos en el sistema bancario, transparentar la cadena de intermediarios, coordinar acciones transfronterizas entre los países amazónicos y respaldar la gobernanza territorial de los pueblos originarios antes de que la economía delictiva termine por copar definitivamente la Amazonía.
