Panguana: La minería ilegal frena casi seis décadas de ciencia y amenaza de muerte a defensores ambientales
En un encuentro de acción urgente convocado por GRADE, la Fundación Panguana y la Embajada de Alemania, la célebre científica Juliane Koepcke y su equipo denunciaron la invasión armada del río Yuyapichis, la inacción policial y la paralización forzada de la estación biológica más antigua del país.
La estación biológica Panguana, fundada en 1968 en plena selva de Huánuco por los científicos alemanes Maria y Hans-Wilhelm Koepcke, enfrenta el momento más crítico de sus 58 años de historia. Considerada un referente mundial para el estudio de los ecosistemas tropicales —con más de 300 investigaciones publicadas y una de las cuatro torres de covarianza de remolinos que monitorean el intercambio de carbono en el Perú—, la reserva ha debido paralizar sus actividades científicas tras ser cercada por la minería ilegal de oro y el crimen organizado.
Ante este escenario de emergencia, el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) —a través de su iniciativa Amazonía Resiliente y Justa—, la Fundación Panguana, la Embajada de Alemania en Lima y el Observatorio de Minería Ilegal celebraron el encuentro “Panguana bajo amenaza: ciencia, conservación y acción urgente frente a la minería ilegal”. La jornada reunió a la comunidad académica, defensores ambientales y autoridades gubernamentales.
Un santuario de biodiversidad cercado por excavadoras
Durante su intervención central, la directora de la estación, Juliane Koepcke-Diller —sobreviviente del trágico accidente aéreo de LANSA en 1971 y quien dedicó su vida a proteger este bosque—, expuso la rápida degradación del territorio. Koepcke recordó que en 2011 el Estado reconoció a Panguana como Área de Conservación Privada (ACP). El espacio alberga un árbol de lupuna de más de 300 años y 50 metros de altura, poblaciones de jaguares y extensos aguajales que cumplen un rol determinante en la captura de dióxido de carbono.
Sin embargo, imágenes satelitales y registros de sobrevuelo evidencian que entre 2025 y fines de 2026 la minería ilegal penetró agresivamente en la cuenca del río Yuyapichis. En dos semanas de incursión masiva, más de 32 excavadoras destruyeron riberas boscosas, modificando el curso natural del río y dejando pozas de agua estancada contaminadas con químicos.
Koepcke detalló que la administración ha tenido que contratar seguridad privada para resguardar los límites del ACP e impedir el paso de la maquinaria pesada ante la falta de auxilio fiscal. "Lo que es río y orilla está todo trabajado. Necesitamos urgentemente que las autoridades nos ayuden a establecer un puesto de control permanente", reclamó la científica.
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Amenazas de muerte, tiroteos y repliegue de investigadores
El impacto sobre la integridad de las personas ha obligado a evacuar la zona. Fernando Malatesta, representante de la Fundación Panguana, relató que en los últimos dos años se deforestaron más de 100 hectáreas en el entorno del área protegida para abrir trochas y campamentos ilegales, muchas veces promovidos por la cooptación económica de comunidades locales desatendidas por el Estado.
La violencia armada desbordó el trabajo de campo: "Se escuchan tiroteos, ya no hay paz en ese lugar. Investigadores nacionales y extranjeros tuvieron que abandonar la estación tras ser amenazados directamente por mineros. A los trabajadores les llegaron videos amenazando con matarlos, y gracias a organizaciones aliadas se les tuvo que evacuar. Esto ya parece un campo de guerra", alertó Malatesta, cuestionando que la policía local de Yuyapichis mantenga cercanía con quienes operan las maquinarias.
En la misma línea, el abogado ambientalista César Ipenza, asesor legal de Panguana, denunció la indolencia y desprotección estatal. Ipenza expuso que, pese a haber filmado y entregado a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) pruebas con la confesión explícita de operadores mineros en el cauce del río, las denuncias no se formalizan con celeridad ni se incautan los activos ilícitos.
El letrado criticó además que un operativo conjunto de 20 días realizado con la Policía y la Marina no tuviera continuidad debido a recortes presupuestales y disputas de competencia, revelando que para 2026 solo se asignaron 10.000 soles a la Policía de Medio Ambiente de Huánuco para intervenir en la zona. "Es frustrante que el Estado nos exija a nosotros ser los investigadores de los delitos, mientras quienes defienden el bosque tienen que pagar seguridad privada y enfrentarse a la muerte", enfatizó Ipenza.
Un llamado diplomático y el peligro de la impunidad normativa
La gravedad de la situación motivó un pronunciamiento de la cooperación internacional. Nicole Maldonado, jefa de Cooperación al Desarrollo de la Embajada de Alemania en el Perú, ratificó que Panguana representa un símbolo de casi sesenta años de cooperación científica bilateral. Maldonado informó que la embajadora Sabine Bloch visitó personalmente el área para constatar la devastación y registrar testimonios para el diálogo climático Climate Talk, remarcando que el combate a las economías ilegales es indispensable para detener la deforestación amazónica.
Mariano Castro y Juan José Díaz, representantes de GRADE, puntualizaron que el caso de Panguana condensa la encrucijada del país frente al avance del crimen ambiental, reflejando patrones de violencia similares a los observados en Madre de Dios o Pataz. Castro advirtió contra los intentos legislativos de prolongar instrumentos extraordinarios como el Reinfo sin fiscalización, señalando que cada prórroga es leída como una carta de impunidad en los territorios.
Ambos directivos instaron al Ejecutivo a aplicar de forma efectiva el Mecanismo Multisectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos antes de que ocurran muertes que lamentar, exigiendo una persecución financiera a las redes que costean la maquinaria y la recuperación ambiental urgente de la cuenca del Yuyapichis.
