Jóvenes indígenas sustentarán en juzgado de Nauta demanda para crear la Comisión de la Verdad sobre la época del caucho
Este 28 de octubre, integrantes del colectivo Ts+uni comparecerán ante el Juzgado Mixto de Nauta para fundamentar por qué el Estado peruano debe investigar los crímenes del auge cauchero, reparar simbólicamente a los pueblos originarios e incorporar estas memorias en la historia oficial.
La histórica demanda de los pueblos originarios amazónicos por el reconocimiento de los crímenes cometidos durante el auge del caucho da un paso decisivo hacia los tribunales de justicia. Este miércoles 28 de octubre, en la ciudad de Nauta, región Loreto, una nueva generación de jóvenes indígenas agrupados en el colectivo Ts+uni se presentará ante el Juzgado Mixto de Nauta —ubicado en el Jirón Tarapacá N° 617— para sustentar ante los magistrados una acción legal que exige al Estado peruano la creación formal de una Comisión de la Verdad para la Amazonía.
La comparecencia judicial representa un hito fundamental para que los testimonios, memorias y reclamos de las comunidades indígenas ocupen el lugar que les corresponde en el relato nacional. La iniciativa jurídica busca que el Estado reconozca formalmente una de las etapas más cruentas y silenciadas de la historia del país, cuyas atrocidades han permanecido deliberadamente omitidas de la memoria colectiva y de los textos oficiales.
Una herida abierta que trasciende generaciones
Para el colectivo Ts+uni —cuyo nombre en lengua originaria significa escuchar—, la violencia cauchera no constituye un episodio aislado en el pasado ni una herida cicatrizada. Sus integrantes sostienen que el silenciamiento, la indiferencia y la negación de estas atrocidades han perpetuado estructuras de exclusión, discriminación y racismo que, bajo nuevos rostros e industrias extractivas, continúan golpeando a los pueblos de la cuenca amazónica.
Las relaciones de dominación económica, los sistemas de patronazgo forzado y la servidumbre por deudas que caracterizaron la extracción de la shiringa poseen continuidades directas en el presente que deben ser esclarecidas. Detrás de la historia de los extractivismos en el oriente peruano subyacen pueblos, familias y generaciones enteras marcadas por el desarraigo, la muerte y el silencio.
Este reclamo ya había sido expuesto recientemente durante el Tercer Congreso de Arte Amazónico, organizado por el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), donde se debatió la pertinencia de articular la memoria testimonial indígena con los instrumentos formales de la justicia transicional.
El testimonio vivo frente a la narrativa oficial
Omar Navarro, integrante del pueblo Kukama y representante del colectivo Tsɨuni, nombre que en lengua originaria significa "escuchar", compartió la vivencia de ser nieto y bisnieto de quienes sobrevivieron a las atrocidades en las cuencas de los ríos Marañón, Napo, Tigre, Ampiyacu, Momón y Yagua. Navarro recordó la historia de su compañero Leonardo Tello donde se evoca a la figura del padre apretando contra sus manos la tichela y el rasgueto, herramientas metálicas empleadas para sangrar los árboles de shiringa, evocando un sufrimiento que las familias aún no logran sanar.
Omar sostuvo que la narrativa oficial suele celebrar el caucho exclusivamente como una era de progreso económico y modernización de urbes como Iquitos o Manaos, ocultando el costo humano impuesto a los pueblos indígenas mediante el endeudamiento forzado, el desarraigo de comunidades enteras, castigos letales como las picaduras en árboles de tangarana y la anulación deliberada de sus identidades y lenguas ancestrales. Navarro subrayó que desde 2017 el colectivo viene documentando estos testimonios en un libro que recoge la memoria oral de los abuelos antes de que mueran. Aclaró, asimismo, que la demanda indígena no persigue una indemnización económica, sino un acto de reparación simbólica y el reconocimiento público de que los crímenes del pasado trascendieron la década de 1920 y sentaron patrones de marginación aún vigentes.
Fundamento en la justicia transicional
El sustento técnico y doctrinario de la petición cuenta además con el respaldo de la academia. Iris Jave, politóloga, socióloga e investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp), explicó que las comisiones de la verdad —con más de 60 precedentes a nivel global— son mecanismos válidos para investigar crímenes del pasado y proponer reformas integrales.
Jave precisó que la demanda de Ts+uni encaja rigurosamente en los pilares de la justicia transicional, partiendo de la verdad y la justicia restaurativa, dado que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y resulta indispensable documentar los hechos, abrir archivos históricos y comprender la complicidad de las instituciones estatales en los abusos.
Asimismo, comprende la reparación simbólica mediante la creación de memoriales, reconocimientos oficiales y políticas públicas concretas que devuelvan la dignidad a los descendientes, siguiendo experiencias impulsadas por organizaciones de derechos humanos en el país. Finalmente, se sustenta en las garantías de no repetición a través de la incorporación obligatoria de estos sucesos en las mallas curriculares de escuelas y universidades, transformando la educación y combatiendo las matrices discriminatorias.
Este 28 de octubre en Nauta, los jóvenes indígenas no solo acudirán al tribunal a litigar un derecho procesal, sino a exigir que el sistema de justicia del Perú rompa más de un siglo de impunidad y abra el camino para que el país reconozca el genocidio cauchero como una verdad ineludible de su historia nacional.
