Crisis y oportunidades en la Amazonía frente al reto económico e institucional de frenar la deforestación
El Perú posee más de 68 millones de hectáreas de bosques amazónicos, una extensión que representa el 57 % del territorio nacional y que es vital para sostener la biodiversidad y los medios de vida de millones de peruanos. Sin embargo, la amenaza sobre este ecosistema es alarmante: entre 2001 y 2024 se perdieron alrededor de 3,2 millones de hectáreas.
Para analizar a fondo esta problemática, la organización Calidad y Negocios llevó a cabo el "Conversatorio Bosques y desafíos climáticos". Este importante espacio de diálogo y reflexión fue facilitado y moderado por Inés Carazo e Iván Mifflin, miembros del consejo directivo de Calidad y Negocios.
La verdadera magnitud de la pérdida forestal
Durante el conversatorio, Gustavo Suárez de Freitas, coordinador del programa Perú del Earth Innovation Institute (EII), reveló que la cifra de deforestación es mucho más crítica de lo que reflejan las estadísticas recientes. Si se contabilizan los bosques perdidos antes de la medición del año 2020, el país acumula en realidad más de 10 u 11 millones de hectáreas deforestadas.
A esta pérdida histórica se suma un nuevo y preocupante factor: los incendios. Suárez de Freitas advirtió que en el año 2024 un tercio de la pérdida de cobertura forestal fue ocasionada por el fuego, un fenómeno que no es natural en los bosques tropicales y que se ha visto agravado por las sequías provocadas por el cambio climático y el fenómeno de El Niño.
La raíz del problema: Un desafío económico
Contrario a la creencia popular de que la industria maderera es la principal responsable, el 90 % de la deforestación en el Perú se debe a la agricultura de pequeña escala. Al respecto, Suárez de Freitas explicó que se trata de una agricultura precaria, sin tecnología ni financiamiento, donde el campesino se ve obligado a talar y quemar el bosque para acceder a suelos que se agotan rápidamente.
Esta dinámica genera un impacto desproporcionado a nivel nacional, ya que menos del 5 % de la población peruana produce el 50 % de las emisiones de gases de efecto invernadero del país a causa de la deforestación. Además, la mayor parte de las áreas deforestadas para uso agropecuario actualmente no tienen un uso productivo debido al rápido agotamiento de los suelos. A este escenario crítico se suma que, sin derechos de propiedad y titulación segura, los agricultores no pueden acceder a créditos formales para convertirse en productores competitivos y sostenibles.
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Bionegocios y financiamiento como soluciones
Frente a la expansión de economías ilícitas como la minería ilegal —cuyas cicatrices en Madre de Dios son visibles a simple vista mediante aplicaciones como Google Earth—, se hace urgente impulsar alternativas económicas legales y rentables. En este contexto, Kurt Rothschild, gerente del proyecto EBBF de Profonanpe, detalló cómo la "Facilidad Financiera para Eco y Bionegocios Amazónicos Peruanos" (EBBF Amazonía) busca contrarrestar esta presión.
Rothschild destacó que la estrategia de intervención del proyecto se centra en identificar modelos de negocio empresariales rentables que tengan un fuerte potencial para mitigar emisiones mientras conservan y recuperan el bosque. Para lograrlo, se entrega un incentivo de capital semilla estructurado en dos partes: una donación y un componente reembolsable sin intereses. Los emprendimientos seleccionados, como diversas empresas de ecoturismo, reciben además un programa de asesoría empresarial integral para consolidar sus iniciativas. Durante su exposición, también se subrayó la necesidad ineludible de que el sector privado invierta en estas cadenas de valor y que las universidades jueguen un rol mucho más activo, funcionando como verdaderas incubadoras de negocios y promotoras de investigación científica.
El fracaso institucional y la necesidad de acción conjunta
A pesar de los esfuerzos mencionados, ambos especialistas coincidieron en que existe una grave desconexión a nivel estatal. Suárez de Freitas criticó duramente que la Estrategia de Bosques y Cambio Climático, aprobada en 2016, sigue sin contar con un presupuesto asignado ni con funcionarios responsables directos de su implementación. Además, señaló que la descentralización forestal no ha funcionado de manera adecuada debido a que el gobierno nacional interviene en paralelo a los gobiernos regionales, lo que resulta en un desperdicio de recursos en proyectos que, al final del día, no logran reducir las tasas de deforestación.
El conversatorio concluyó con un firme llamado a la coherencia institucional. Se determinó que, para salvar la Amazonía, el Perú necesita dejar de legislar de forma aislada y fragmentada. Es un imperativo nacional alinear las demandas del mercado, las políticas públicas intersectoriales —tanto forestales como agrarias— y el financiamiento climático para lograr convertir a la región amazónica en un espacio productivo, competitivo y libre de deforestación.
