Pueblos indígenas: comisión del Senado fiscalizará sus derechos

El Pleno del Senado de la República aprobó la creación de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas u Originarios, Comunidades Campesinas y Nativas y Pueblo Afroperuano, un nuevo espacio parlamentario que tendrá la responsabilidad de supervisar las políticas públicas relacionadas con los derechos de estas poblaciones en el Perú.

La propuesta obtuvo 50 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, durante la sesión realizada el miércoles 11 de noviembre. El grupo estará integrado por doce senadores titulares y desarrollará sus funciones durante el periodo parlamentario 2026-2027, bajo los principios de pluralidad y proporcionalidad.

La iniciativa fue presentada por la senadora Mirtha Vásquez Chuquilín mediante la Moción de Orden del Día N.° 00012-2026-2031-S, con el respaldo de los voceros parlamentarios Alfonso López Chau Nava, de Ahora Nación, y José Castillo Terrones, de Juntos por el Perú.

De acuerdo con la propuesta aprobada, la comisión tendrá como objetivo estudiar, evaluar, fiscalizar y realizar el seguimiento de las políticas, planes, programas, proyectos, intervenciones y medidas implementadas por las entidades públicas competentes para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas, así como de la población afroperuana.

Uno de los aspectos destacados de la iniciativa es que su funcionamiento utilizará los recursos del servicio parlamentario existente, por lo que no demandará gastos adicionales al presupuesto del Estado.

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La creación de este grupo representa un mecanismo de supervisión desde el Poder Legislativo en un contexto en el que las organizaciones indígenas y comunales reclaman mayor protección de sus territorios, reconocimiento de sus derechos colectivos y participación en las decisiones que afectan sus formas de vida.

Minería ilegal y narcotráfico amenazan territorios comunales

Durante la sustentación de la iniciativa, Mirtha Vásquez advirtió que los pueblos indígenas y las comunidades campesinas y nativas enfrentan diversas amenazas relacionadas con actividades ilegales que se desarrollan en sus territorios.

Entre los principales problemas mencionó la minería ilegal, el narcotráfico y otras actividades delictivas, que generan situaciones de hostigamiento, vulneran los derechos de las poblaciones locales y ocasionan daños ambientales en ecosistemas andinos y amazónicos.

La expansión de estas actividades también puede comprometer la seguridad de quienes defienden sus territorios y los recursos naturales, especialmente en zonas donde existe una limitada presencia de las instituciones estatales.

La preocupación comprende tanto la contaminación de los suelos y fuentes de agua como las presiones sobre los espacios utilizados tradicionalmente por las comunidades para desarrollar actividades agrícolas, forestales, culturales y de subsistencia.

En ese escenario, la nueva comisión tendrá la posibilidad de examinar las respuestas de las entidades públicas frente a estos problemas y verificar si las intervenciones estatales contribuyen efectivamente a garantizar los derechos de las poblaciones afectadas.

La propuesta recibió el respaldo de representantes de distintas bancadas. Durante el debate, los senadores coincidieron en la necesidad de atender las demandas históricas de estos sectores y fortalecer los mecanismos institucionales destinados a proteger sus derechos.

Doce senadores tendrán a cargo la fiscalización

La comisión especial estará conformada por doce senadores titulares y su organización deberá respetar los principios de pluralidad y proporcionalidad, de manera que exista representación de las distintas fuerzas políticas que integran la Cámara Alta.

Sin embargo, la aprobación de su creación no significa que el grupo haya iniciado inmediatamente sus actividades. La información difundida por el Congreso y recogida por Inforegión no precisa todavía quiénes serán sus integrantes ni establece una fecha concreta para su instalación.

Mirtha Vásquez expresó su agradecimiento a los legisladores que respaldaron la propuesta y a las organizaciones indígenas que participaron en las gestiones para impulsar su aprobación. La senadora sostuvo que este mecanismo permitirá atender asuntos que requieren una vigilancia parlamentaria permanente durante el periodo de funcionamiento establecido.

Asimismo, manifestó que la creación de la comisión busca corregir el retroceso institucional que, a su juicio, dejó la eliminación de este espacio de representación en el anterior Congreso unicameral.

La legisladora también señaló que espera que la comisión sea instalada próximamente para comenzar a evaluar y fiscalizar las decisiones gubernamentales que puedan afectar los derechos colectivos y la protección de los territorios de estas poblaciones.

La iniciativa contempla una comisión especial de duración limitada, correspondiente al periodo parlamentario 2026-2027. Por ello, su funcionamiento será distinto al de una comisión ordinaria permanente, cuya continuidad forma parte de la estructura regular del Parlamento.

Política Nacional al 2040 establece compromisos para el Estado

La creación del grupo parlamentario coincide con la implementación de la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios al 2040, aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 002-2026-MC, publicado el nueve de abril de 2026.

Este instrumento constituye una hoja de ruta para articular las intervenciones de las entidades públicas destinadas a garantizar los derechos colectivos y mejorar las condiciones de vida de aproximadamente seis millones de personas que se autoidentifican como integrantes de pueblos indígenas u originarios en el país.

La política comprende nueve objetivos prioritarios, entre ellos garantizar la seguridad jurídica de las tierras y territorios ancestrales, reducir la vulnerabilidad frente a la degradación ambiental y el cambio climático, y proteger los conocimientos tradicionales.

También establece compromisos relacionados con el derecho a la participación, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado; la protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial; y la mejora de las condiciones de vida de las mujeres indígenas.

Otros objetivos buscan promover el desarrollo social y económico sostenible, así como reducir la violencia, la discriminación étnico-racial y el racismo contra estas poblaciones.

El Ministerio de Cultura tiene a su cargo el seguimiento y evaluación de esta política, en coordinación con las entidades públicas responsables de ejecutar las medidas contempladas.

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La existencia de este instrumento nacional y de una comisión de fiscalización parlamentaria abre la posibilidad de reforzar la supervisión de los compromisos estatales. No obstante, ambos mecanismos tienen competencias diferentes: mientras el Ejecutivo debe implementar y evaluar la política, el Senado podrá ejercer funciones de seguimiento y fiscalización desde el ámbito legislativo.

Organizaciones indígenas esperan que la comisión se instale

La aprobación de la comisión especial representa un paso institucional para incorporar las demandas de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y población afroperuana en la agenda del Senado. Sin embargo, su efectividad dependerá de que el grupo sea instalado y desarrolle una agenda de trabajo con mecanismos concretos de supervisión.

Entre los asuntos que requieren atención figuran la titulación y seguridad jurídica de los territorios comunales, la protección de los defensores ambientales, el acceso a servicios públicos y la prevención de actividades ilegales que afectan los ecosistemas y los medios de vida de las poblaciones originarias.

También será importante que el espacio parlamentario mantenga canales de comunicación con las organizaciones representativas, de modo que las comunidades puedan presentar denuncias, exponer sus necesidades y conocer los resultados de las acciones de fiscalización.

La experiencia de la Comisión Multisectorial encargada de impulsar la Política Nacional de Pueblos Indígenas al 2040 constituye otro antecedente institucional. Este espacio fue fortalecido en julio de 2026 mediante la incorporación de siete ministerios y la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, con el propósito de mejorar la coordinación entre el Estado y las organizaciones indígenas.

Con la aprobación de la nueva comisión especial, el Senado incorpora un mecanismo específico para vigilar las decisiones públicas que afectan a estas poblaciones. El siguiente paso será definir a sus integrantes, concretar su instalación y establecer prioridades que permitan convertir el respaldo parlamentario en resultados verificables para la protección de sus derechos.

Revisa también nuestra cobertura sobre pueblos indígenas y sigue las próximas decisiones del Senado para conocer cuándo se instalará la comisión y qué medidas priorizará en la fiscalización.