Pueblos indígenas y el Estado se unen para proteger 7,4 millones de hectáreas de la Amazonía peruana

Representantes del Estado y líderes indígenas aprobaron el plan de trabajo de un proyecto diseñado para proteger los bosques y garantizar que las comunidades originarias sean las verdaderas protagonistas en la lucha global contra el cambio climático.

Este encuentro contó con la participación de altas autoridades e impulsores de la iniciativa. Por parte del Ministerio del Ambiente asistieron Joanna Fischer Battistini, jefa de Gabinete de Asesores, y Jessica Celmira Moscoso Guerrero, directora general de la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación. En representación del Grupo Perú de Pueblos Indígenas participaron Oseas Barbarán Sánchez, presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP); Fermín Chimatani Tayori, presidente de la Asociación Nacional de los Ejecutores de Contratos de Administración de las Reservas Comunales del Perú (ANECAP); y Tabea Casique Coronado, secretaria de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Además, la sesión fue acompañada por Greta Granados, analista de Desarrollo Social del Banco Mundial, y los respectivos equipos técnicos de las organizaciones indígenas y del Estado.

Se trata del Programa REDD+ Indígena Jurisdiccional (conocido como RIJ), una iniciativa enfocada en defender aquellos territorios que aún conservan una gran cantidad de árboles y que tienen niveles muy bajos de deforestación.

Un proyecto inmenso y de trabajo compartido

Este esfuerzo de conservación tendrá un impacto directo y masivo en la selva peruana, ya que el programa abarcará cerca de 7,4 millones de hectáreas de bosques ubicados en las regiones de Amazonas, Loreto y Ucayali. Esta vasta extensión equivale aproximadamente al 11% de todos los bosques del país, y su protección beneficiará directamente a alrededor de 923 comunidades nativas pertenecientes a 28 pueblos indígenas distintos, además de seis reservas comunales.

Lo que hace verdaderamente único a este programa a nivel mundial es su modelo de toma de decisiones. No es un proyecto impuesto, sino coliderado entre el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Grupo Perú de Pueblos Indígenas, el cual está conformado por organizaciones clave como Aidesep, Conap y Anecap. Esta alianza asegura total transparencia y garantiza que las actividades respeten la identidad y las necesidades de los pueblos originarios.

Respaldo financiero internacional

Para que los bosques sigan en pie, se requiere apoyo económico. El Programa RIJ cuenta con el cofinanciamiento de entidades como Mercuria (a través de Silvania) y el respaldo del Banco Mundial.

Durante la sesión del 16 de julio se lograron acuerdos financieros importantes para asegurar la viabilidad de la iniciativa. Se confirmó que el Banco Mundial destinará un fondo total de US$7.000.000 para financiar el programa, y en la misma reunión se aprobó la transferencia del primer US$1.000.000 para iniciar la fase de preparación. Este monto se usará durante un año y medio para organizar las reglas del proyecto, asegurar la participación de las comunidades y preparar toda la documentación legal. Demostrar un buen uso de este monto inicial es el requisito indispensable para que el Banco Mundial entregue los US$6.000.000 restantes.

Mirando hacia el futuro

La meta principal del plan, que se ejecutará entre mediados de 2026 y la primera mitad de 2029, es lograr que el programa reciba una certificación internacional de calidad. Al conseguir esta certificación por cuidar la selva, el proyecto proyecta generar a futuro alrededor de 200 millones de dólares mediante bonos de carbono.

Los próximos pasos incluyen la firma oficial de convenios entre el Banco Mundial, el Minam, las organizaciones indígenas y Profonanpe, que será la entidad encargada de administrar los fondos. Además, este exitoso modelo peruano será presentado ante el mundo entero durante un evento internacional que se celebrará en Guatemala en octubre de 2026.