¿Más disciplina o mejor educación? El desafío de construir escuelas seguras en la era digital

Imaginemos a Valeria, una estudiante de cuarto de secundaria de Lima. Cada mañana llega al colegio con su mochila y su teléfono celular. Sin embargo, desde hace varios días teme revisar los mensajes de su grupo de compañeros: alguien ha difundido una fotografía suya acompañada de comentarios humillantes. Valeria no quiere contárselo a sus padres porque teme que le retiren el celular o que la situación empeore.

Mientras tanto, su profesor intenta desarrollar la clase frente a estudiantes distraídos por sus pantallas. Otro alumno entrega un trabajo elaborado con inteligencia artificial que apenas comprende. Y un compañero interrumpe constantemente la sesión, desafiando las indicaciones del docente.

¿Qué necesita esa escuela? ¿Más sanciones, prohibiciones tecnológicas, reglas más estrictas o una combinación de medidas que permita recuperar el respeto y la atención? La respuesta importa porque Valeria no necesita únicamente que le quiten el teléfono al estudiante que la hostiga. Necesita que el acoso termine, que un adulto la escuche y que pueda volver a aprender sin miedo.

Aunque Valeria es un personaje ficticio, los desafíos que representa son reales. El debate sobre el bullying, la violencia, la disciplina, los celulares y la inteligencia artificial nos obliga a discutir qué clase de escuela queremos construir y qué significa educar en una sociedad que cambia aceleradamente.

La violencia escolar: un problema que no admite indiferencia

La violencia escolar no es un asunto secundario. La UNESCO (2019) estimó que aproximadamente uno de cada tres estudiantes en el mundo había sufrido acoso por parte de sus compañeros al menos una vez durante el mes anterior a la encuesta. El fenómeno afecta el bienestar emocional, la calidad de vida y las oportunidades de aprendizaje.

En el Perú, los resultados de PISA 2025 ofrecen una señal preocupante: el 24% de los estudiantes declaró haber sufrido alguna forma de acoso escolar varias veces al mes o con mayor frecuencia, frente al promedio de 20% de los países de la OCDE (OCDE, 2026).

Estas cifras muestran que necesitamos actuar. Las escuelas deben contar con mecanismos de denuncia, protocolos claros, docentes preparados y consecuencias proporcionales para las conductas que dañan a otros. Un colegio que ignora la violencia no protege la libertad de sus estudiantes: deja a los más vulnerables expuestos a quienes los intimidan.

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Sin embargo, también debemos reconocer que no todo problema de conducta se resuelve endureciendo las reglas. Una sanción puede detener una conducta, pero no necesariamente enseña empatía, repara el daño o modifica las condiciones que permitieron que el problema ocurriera.

Disciplina sí, pero con sentido educativo

En octubre de 2026, el Perú avanzó en la regulación del uso de celulares en la educación básica mediante el Decreto Supremo N.º 018-2026-MINEDU, que reglamenta la Ley N.º 32385. Asimismo, el Ministerio de Educación publicó, mediante la Resolución Ministerial N.º 613-2026-MINEDU, un proyecto de nuevos lineamientos para la gestión de la disciplina escolar, abierto a comentarios ciudadanos durante quince días calendario.

Es importante distinguir ambos procesos: el reglamento sobre celulares ya fue aprobado, mientras que los lineamientos disciplinarios mencionados se encontraban en consulta pública al momento de redactar este artículo (Ministerio de Educación del Perú, 2026a, 2026b).

Recuperar la autoridad docente y proteger el derecho a aprender son objetivos legítimos. Una agresión física, una amenaza o el acoso reiterado requieren una respuesta firme, oportuna y proporcional. Pero también es necesario diferenciar esas conductas de infracciones menores que no tienen la misma gravedad.

La disciplina educativa no debería limitarse al castigo. Debe ayudar al estudiante a comprender qué norma incumplió, a quién perjudicó y qué consecuencias tiene su comportamiento. También debe proteger a la víctima y evitar que las medidas correctivas se conviertan en nuevas formas de humillación.

El orden no se construye únicamente sancionando. Se construye cuando los estudiantes comprenden las reglas, confían en que se aplican con justicia y saben que sus profesores actuarán cuando sea necesario.

Celulares: menos distracción, pero no menos educación digital

La regulación de los teléfonos móviles es parte de una tendencia internacional. La UNESCO ha documentado que diversos sistemas educativos han restringido su uso en las escuelas, motivados por preocupaciones sobre la atención, el bienestar y el ciberacoso (UNESCO, 2023).

En el Perú, PISA 2025 encontró que el 24% de los estudiantes reportaba que sus compañeros se distraían frecuentemente con dispositivos digitales durante la mayoría o la totalidad de las clases de ciencias. Al mismo tiempo, los estudiantes declararon utilizar dispositivos en la escuela un promedio de una hora diaria para actividades recreativas y 1,4 horas para actividades de aprendizaje (OCDE, 2026).

Estas cifras respaldan la necesidad de establecer límites. Reducir las interrupciones puede favorecer la concentración y permitir que los profesores recuperen tiempo de enseñanza. No obstante, restringir los celulares no elimina automáticamente el ciberacoso, que puede comenzar fuera del colegio y continuar dentro de él.

Por ello, una política eficaz debe combinar límites claros con protocolos para atender las agresiones digitales, orientación a las familias y formación en ciudadanía digital. También debe contemplar excepciones justificadas por necesidades educativas, de salud o discapacidad.

La cuestión no es permitir que los estudiantes utilicen el celular en cualquier momento, sino enseñarles a relacionarse responsablemente con una tecnología que seguirá formando parte de sus vidas.

Inteligencia artificial: prohibir no es lo mismo que enseñar a pensar

La inteligencia artificial plantea un desafío diferente. Puede ayudar a explicar conceptos, traducir textos y proponer ejercicios; pero también puede producir información falsa, reproducir sesgos o facilitar que un estudiante presente como propio un trabajo que no comprende.

Según la prueba PISA 2025, el 54% de los estudiantes peruanos declaró utilizar chatbots de inteligencia artificial para ayudarse a aprender al menos una vez por semana. Además, el 43% afirmó emplearlos para iniciar una investigación y el 36% para redactar trabajos escolares (OCDE, 2026).

Estos datos no demuestran que la IA mejore automáticamente el aprendizaje. Sí evidencian que ya está presente en la experiencia educativa de muchos jóvenes. Una prohibición general difícil de fiscalizar podría desplazar su uso fuera de la supervisión docente, sin resolver los problemas de integridad académica ni de pensamiento crítico.

La respuesta debería ser establecer reglas según la edad, el propósito y la actividad. En los primeros años escolares, la prioridad debe ser desarrollar lenguaje, curiosidad, atención y autonomía. En secundaria, los estudiantes necesitan aprender a contrastar fuentes, verificar respuestas, proteger sus datos y declarar cuándo han utilizado estas herramientas.

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Los colegios deben preservar espacios en los que los alumnos demuestren sus conocimientos sin depender de la IA, pero también enseñarles a utilizarla responsablemente cuando tenga sentido pedagógico. Preparar a los estudiantes para el futuro implica enseñarles a pensar por sí mismos, no simplemente impedirles acceder a nuevas tecnologías.

El riesgo de confundir el orden con la uniformidad

La presentación personal también forma parte de la discusión. Las instituciones pueden establecer criterios razonables de higiene, vestimenta y seguridad. Sin embargo, el cabello, el maquillaje o el largo de una falda no son indicadores suficientes de respeto, responsabilidad o capacidad de aprendizaje.

Si un colegio dedica más energía a controlar la apariencia de sus estudiantes que a prevenir agresiones o atender denuncias, corre el riesgo de concentrarse en lo visible y descuidar lo esencial.

Las reglas deben tener una finalidad educativa clara, aplicarse de forma equitativa y considerar las necesidades particulares de los estudiantes. Esto no significa que todo sea negociable, sino que la autoridad debe poder explicar por qué una norma existe y qué problema busca resolver.

Una responsabilidad compartida

Las escuelas necesitan protocolos eficaces para denunciar y atender la violencia, proteger a las víctimas, hacer seguimiento de los casos y formar a sus docentes. Las familias deben conversar con sus hijos sobre respeto, límites y ciudadanía digital, sin minimizar las agresiones ni justificar automáticamente cualquier conducta de sus propios hijos.

El Estado, por su parte, debe acompañar las normas con orientación, recursos y mecanismos de evaluación. No basta con exigir que los colegios prevengan el acoso si no cuentan con capacitación ni apoyo especializado. Las universidades pueden investigar los resultados de las medidas y las empresas contribuir con programas de formación y recursos educativos.

Finalmente, necesitamos medir el impacto de las políticas. ¿Disminuyen las agresiones? ¿Se sienten más seguros los estudiantes? ¿Mejora la atención en clase? ¿Aprenden a utilizar la inteligencia artificial con criterio?