Educación: la inversión que puede cambiar el futuro del Perú
¿Qué pasaría si el verdadero indicador de desarrollo de un país no fuera cuánto crece su economía, sino cuánto mejora la vida de sus ciudadanos? El Índice del Progreso Social Regional del Perú 2025 plantea precisamente esa pregunta. El estudio, construido a partir de 52 indicadores sociales y ambientales, muestra un país que atraviesa un preocupante estancamiento: ninguna de las 24 regiones alcanza el nivel de progreso social Medio Alto. El mensaje es claro: crecer económicamente no es suficiente si ese crecimiento no se convierte en bienestar, oportunidades y una mejor calidad de vida para todos (Guevara et al., 2025).
En este escenario, hay una cifra que merece especial atención: los jóvenes de 15 a 29 años representan el 24,7% de la población peruana, es decir, más de ocho,3 millones de personas (ENAHO, 2024). Estamos, por tanto, frente a una generación que tendrá un papel decisivo en el futuro económico y social del país. Sin embargo, el Perú todavía enfrenta importantes brechas educativas. Solo el 32,7% de los estudiantes de primaria alcanza un nivel satisfactorio en comprensión lectora, mientras que apenas el 30% logra el desempeño esperado en razonamiento matemático (Ministerio de Educación del Perú, 2026). Si una cuarta parte de nuestra población está en edad de construir el futuro y una proporción importante no está adquiriendo las competencias fundamentales para hacerlo, el desafío deja de ser únicamente educativo: se convierte en un desafío nacional.
Pero la historia también tiene señales alentadoras. Entre 2023 y 2024, la asistencia a la educación superior pasó de 76,47% a 80,79%, un incremento de 4,31 puntos porcentuales (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2024). Durante el mismo periodo, la proporción de jóvenes graduados de la universidad aumentó de 19,75% a 22,94%, mientras que el porcentaje de mujeres con educación superior pasó de 38,20% a 39,70%. Incluso algunas regiones que históricamente han enfrentado mayores barreras muestran avances importantes: Huánuco, por ejemplo, elevó su asistencia a la educación superior de 54,9% a 76,3% (Guevara et al., 2025). Estas cifras muestran que cuando el acceso educativo mejora, también se abren oportunidades para reducir brechas y fortalecer el capital humano.
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La educación, sin embargo, no puede pensarse únicamente como acceso a un aula o como la obtención de un título. Su verdadero impacto está en su capacidad para transformar oportunidades en movilidad social. Una educación básica sólida permite desarrollar capacidades fundamentales; una educación superior pertinente puede convertirse en el puente hacia empleos de mayor calidad, innovación y productividad. El índice incorpora la educación dentro de dimensiones fundamentales del progreso social, particularmente en los componentes relacionados con los Fundamentos del Bienestar y las Oportunidades, porque el conocimiento, la formación avanzada y el acceso a nuevas tecnologías amplían la capacidad de las personas para construir su propio futuro (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Perú, 2025; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2026).
El problema es que en el Perú la oportunidad educativa sigue dependiendo demasiado del lugar donde una persona nace. La costa concentra una oferta educativa más amplia, mientras que la sierra enfrenta barreras relacionadas con la dispersión geográfica, la calidad desigual de la educación básica y las condiciones socioeconómicas; en la selva, el aislamiento y los costos de traslado pueden convertirse en obstáculos decisivos (Ministerio de Educación del Perú, 2026). Por eso, hablar de igualdad educativa no significa necesariamente ofrecer exactamente lo mismo a todos, sino diseñar soluciones que respondan a realidades diferentes: becas vinculadas a las necesidades productivas de cada región, institutos especializados, campus descentralizados, modelos híbridos, tutoría y programas flexibles para jóvenes que necesitan trabajar o apoyar a sus familias.
La dimensión de educación superior también revela una oportunidad estratégica para el sector privado, las universidades y el Estado. El desafío no consiste únicamente en aumentar el número de jóvenes que estudian, sino en lograr que aquello que aprenden sea relevante para las necesidades del país y de sus regiones. Fortalecer la educación técnica, conectar universidades e institutos con las empresas, impulsar carreras vinculadas a las vocaciones productivas locales y desarrollar capacidades digitales son algunas de las vías planteadas para transformar el talento en productividad, empleo formal e innovación (Guevara et al., 2025). En otras palabras, la educación no debería ser vista solamente como gasto social, sino como infraestructura para el desarrollo económico y la competitividad del país (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Perú, 2025).
El Perú tiene, entonces, una decisión frente a sí: aceptar el estancamiento o convertir la educación en una verdadera política de progreso social. No existe una solución única, pero sí una dirección evidente. Educar significa mucho más que transmitir conocimientos: significa ampliar las posibilidades de una persona, fortalecer su capacidad para tomar decisiones, participar en la sociedad, acceder a mejores oportunidades y contribuir a su comunidad. Si más de ocho,3 millones de jóvenes representan una cuarta parte de nuestra población, invertir en sus capacidades significa, en realidad, invertir en el futuro del país. El progreso social del Perú no se construirá únicamente con más crecimiento; se construirá cuando ese crecimiento encuentre en la educación el mecanismo para convertirse en oportunidades reales para todos.
