Ganar elecciones, perder el país
El poder más fácil de conquistar es, a veces, el más difícil de ejercer. Un candidato puede ganar una alcaldía y descubrir que no controla el territorio que le corresponde gobernar. Tiene presupuesto, pero carece de capacidad para ejecutarlo bien. Tiene autoridad legal, pero los ciudadanos desconfían de ella. Tiene un cargo. Le falta poder para producir resultados.
Esa distancia entre conquistar el gobierno y conseguir que funcione debería estar en el centro de la discusión electoral peruana.
Sin embargo, las campañas suelen premiar otras habilidades: hacerse conocido, movilizar indignación, prometer obras y encontrar un adversario al que atribuirle todos los problemas. Ninguna de esas destrezas garantiza agua, seguridad o mejores servicios.
El Índice de Progreso Social ofrece una manera de cambiar la conversación. Obliga a contrastar las promesas con las condiciones en las que vive la gente.
Según la matriz del IPS Regional 2025 utilizada para esta columna, Áncash ocupa el primer lugar en seguridad personal, con 59.2 puntos sobre 100. El dato invita a una lectura menos complaciente que la celebración de un primer puesto: encabezar una clasificación no equivale a haber resuelto el problema.
Se puede ser el mejor de un grupo con resultados insuficientes. Confundir posición con bienestar es una forma de administrar la resignación.
PUEDES VER: ¿Y si estamos resolviendo el problema equivocado?
Lima Metropolitana presenta otra paradoja. Registra 94.5 puntos en agua y saneamiento, pero apenas 22 en derechos personales y 1.1 en sostenibilidad ambiental. Son dimensiones diferentes; no corresponde convertir sus puntajes en porcentajes de población atendida o desatendida. Su contraste, sin embargo, plantea una pregunta: ¿qué clase de progreso estamos construyendo si avances en ciertos servicios conviven con debilidades tan profundas en otros?
Los promedios también tienen límites. Una buena calificación metropolitana puede coexistir con barrios donde conseguir agua sigue siendo una tarea diaria. El indicador permite identificar un problema; para intervenir hay que acercarse al territorio y averiguar quién está quedando fuera.
Ahí empieza el trabajo de gobernar.
La dificultad es que los incentivos políticos favorecen lo visible. Una obra tiene ubicación, ceremonia y placa. Mejorar un servicio exige mantenimiento, coordinación, personal competente y continuidad. Sus resultados pueden aparecer cuando quien inició el esfuerzo ya dejó el cargo.
PUEDES VER: ¿Y si el voto del sur no fuera ideológico, sino una respuesta al abandono?
Por eso conviene preguntarse qué estamos premiando. Si el reconocimiento público depende de inaugurar, habrá incentivos para construir. Si depende de mejorar la vida de la gente y demostrarlo, habrá más razones para asegurar que lo construido funcione.
La inversión social privada enfrenta una pregunta semejante. Escuelas, postas y becas pueden ser indispensables. Pero su valor debe medirse también por su contribución a las necesidades prioritarias del territorio. La cantidad de dinero desembolsado explica el esfuerzo de una empresa; por sí sola, no demuestra el resultado.
Esto no supone trasladar a las empresas las responsabilidades del Estado. Supone exigir que la inversión pública y privada parta de un diagnóstico y permita evaluar sus efectos.
Para los candidatos, la exigencia debería ser concreta: identificar qué problema van a reducir, cuál es el punto de partida, qué resultado pueden alcanzar durante su mandato y con qué recursos. También deben precisar qué depende de ellos y qué requiere acuerdos con otras autoridades.
El IPS puede orientar esa discusión. No reemplaza un plan de gobierno ni permite atribuir cada cambio a una sola gestión. Ayuda a formular preguntas que la campaña preferiría dejar abiertas.
Prometer seguridad es sencillo. Explicar qué hará una municipalidad dentro de sus competencias, cómo coordinará con la Policía y cómo se evaluarán los avances resulta bastante más exigente.
Esa exigencia es saludable. Una democracia necesita que competir por el poder implique aceptar criterios para rendir cuentas después.
Desde República Sostenible proponemos llevar las brechas medidas al centro de la conversación entre ciudadanos, autoridades y empresas. Conocerlas permite discutir prioridades, exigir compromisos realistas y distinguir los anuncios de los resultados.
El voto entrega autoridad por un periodo. No debería entregar también el derecho a redefinir, al final, qué significa haber cumplido.
