Justicia blinda la laguna Ricuricocha ante cambios urbanos
El Poder Judicial ordenó a la Municipalidad Provincial de San Martín abstenerse de promover modificaciones de zonificación que pongan en riesgo la laguna Ricuricocha. El fallo establece medidas preventivas y posibles sanciones para las autoridades que incumplan la disposición.
La Laguna Ricuricocha, en San Martín, obtuvo respaldo judicial frente a la expansión urbana. El Primer Juzgado Civil de Tarapoto declaró fundada una demanda de amparo y ordenó a la Municipalidad Provincial no promover futuros cambios de zonificación que afecten la intangibilidad de la Zona de Conservación y Recuperación de Ecosistemas (ZOCRE).
La sentencia incorpora una medida preventiva de no repetición. Aunque la ordenanza cuestionada fue derogada durante el proceso, el juzgado consideró necesario emitir un pronunciamiento de fondo para evitar nuevas amenazas al humedal. El incumplimiento puede acarrear multas progresivas, destitución de autoridades y responsabilidades penales.
¿Qué ordenó el Poder Judicial para proteger Ricuricocha?
El juzgado acogió la demanda presentada por la Asociación Ecoguerreros del Perú y del Mundo contra el Concejo Provincial y la Municipalidad Provincial de San Martín. El caso se originó por la Ordenanza Municipal N.° 022-2025-MPSM, que aprobó un Plan Específico para un terreno adyacente a la laguna, en Morales.
La resolución busca impedir que la comuna impulse modificaciones que debiliten la protección de la ZOCRE. La derogación de la ordenanza no volvió irrelevante el reclamo, pues correspondía determinar si la actuación municipal amenazó el derecho colectivo a un ambiente equilibrado y adecuado para la vida.
El fallo invoca la Constitución Ecológica, en particular el artículo 2, inciso 22, y los artículos 66 al 69, que reconocen el derecho a un ambiente sano y establecen deberes estatales de protección de los recursos naturales.
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La ordenanza que abrió el conflicto por el uso del suelo
La controversia se centró en un predio de 39,0281 hectáreas colindante con Ricuricocha. La Contraloría General examinó el procedimiento y, mediante el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 13329-2025-CG/AGR-AOP, advirtió indicios de irregularidad en la aprobación de la ordenanza.
Según el órgano de control, el plan permitía cambios de zonificación para habilitar proyectos inmobiliarios en terrenos vinculados a la preservación paisajística y al uso agrícola. También alertó que el procedimiento se habría aprobado sin participación ciudadana efectiva y podía generar impactos ambientales en la laguna.
El caso fue relacionado con el proyecto Prana Lagoons, promovido por Franquicia Ciudapolis S.A.C., según reportes regionales. La Contraloría recomendó atender las observaciones y, de corresponder, determinar responsabilidades.
Ricuricocha cuenta con protección registral como ZOCRE
La laguna ya tenía reconocimiento como espacio de conservación. En julio de 2025, el Gobierno Regional informó que inscribió en la Sunarp la ZOCRE Laguna Ricuricocha, con 96,2387 hectáreas bajo titularidad estatal. La inscripción busca asegurar la protección legal del predio y respaldar su conservación.
La figura de Zona de Conservación y Recuperación de Ecosistemas permite resguardar terrenos estatales de importancia ambiental. El registro es un antecedente clave: el fallo protege un área con reconocimiento formal, cuya integridad debe ser respetada.
El gobierno regional también preparaba expedientes para incorporar otros humedales, como las lagunas Andiviela y Totorillayco. El caso se inserta en el debate sobre la conservación de cuerpos de agua ante el crecimiento urbano.
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La ley nacional establece obligaciones para conservar humedales
La Ley N.° 32099, publicada en julio de 2024, establece disposiciones para proteger, conservar y usar sosteniblemente los humedales. Comprende lagunas y otros ecosistemas acuáticos, y obliga a entidades públicas, personas y empresas que desarrollen actividades en estos espacios o su entorno.
En enero de 2025, el Ministerio del Ambiente aprobó el reglamento mediante el Decreto Supremo N.° 002-2025-MINAM. La norma desarrolla responsabilidades para la gestión integral y asigna al Minam el papel de autoridad técnico-normativa nacional.
Este marco exige prevenir la degradación y considerar los servicios que los humedales brindan a las comunidades. Por ello, la planificación territorial debe evaluar sus efectos sobre el agua y la biodiversidad, además de cumplir los procedimientos de participación.
Un precedente para la planificación urbana en San Martín
El fallo pone en primer plano la relación entre expansión urbana y protección ambiental. La municipalidad mantiene competencias para ordenar el territorio, pero debe ejercerlas dentro de los límites constitucionales y ambientales. La zonificación no puede reducir la protección de un ecosistema ni facilitar actividades incompatibles con su conservación.
La decisión advierte que derogar una ordenanza no cierra un conflicto si persiste el riesgo de repetir una actuación que amenace derechos colectivos. El pronunciamiento fija obligaciones futuras y consecuencias ante un eventual incumplimiento.
Para Ricuricocha, el reto será traducir la protección judicial y registral en vigilancia y gestión ambiental efectivas. La conservación exige coordinación entre autoridades y ciudadanía. La eficacia del fallo dependerá de que las instituciones eviten nuevas presiones sobre el humedal.
La vigilancia sobre la laguna Ricuricocha será clave en los próximos meses. Revisa también este caso sobre protección judicial de humedales y sigue nuestra cobertura ambiental para conocer nuevas decisiones sobre conservación en San Martín.






