Histórico fallo que ordena descontaminar la laguna de Yarinacocha es premiado por el Poder Judicial

La defensa del ecosistema amazónico y los derechos de las poblaciones vulnerables han logrado un trascendental respaldo institucional. El Poder Judicial, a través de su Comisión Nacional de Gestión Ambiental, otorgó el máximo reconocimiento a la histórica sentencia que ordena la descontaminación progresiva de la laguna de Yarinacocha, ubicada en la región Ucayali, en el marco del I Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Resoluciones Judiciales en materia ambiental y uso sostenible de los recursos naturales.

La resolución, galardonada con el primer lugar de la Categoría A (Enfoque de reconocimiento al derecho de gozar de un medio ambiente sano y equilibrado), fue emitida por el juez superior titular de la Corte Superior de Ucayali, Tullio Deifilio Bermeo Turchi. Este fallo sin precedentes exige la realización inmediata de estudios técnicos y la ejecución de un plan integral de recuperación ecológica para el emblemático cuerpo de agua. Su impacto es directo y de gran escala, ya que garantiza el derecho a un entorno saludable para las comunidades nativas aledañas, los gremios de pescadores artesanales y la ciudadanía en general.

La trascendencia de este precedente jurídico superó las fronteras nacionales y alcanzó escenarios internacionales. Janet Tello Gilardi, alta autoridad del Poder Judicial, presentó los alcances y criterios de este fallo en la Ciudad del Vaticano, que fue expuesto como un ejemplo destacado de la jurisprudencia y de las políticas institucionales vigentes en el Perú para la protección de recursos hídricos esenciales en regiones afectadas por la contaminación.

Compromiso con la justicia ambiental

Durante la ceremonia de premiación, celebrada en la Sala de Juramentos del Palacio de Justicia, el juez supremo Javier Arévalo Vela, presidente de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental, resaltó que la protección del medio ambiente y de los recursos naturales constituye una prioridad absoluta para la institución. Asimismo, subrayó el compromiso de consolidar una cultura orientada a la sostenibilidad y garantizar el acceso a una justicia moderna y oportuna para las poblaciones afectadas por impactos ecológicos.

Este esfuerzo de reconocimiento y articulación jurídica especializada contó con el respaldo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Clínica Jurídica Ambiental y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP).

A este frente se sumaron también la Universidad Científica del Sur, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Clínica de Litigación Ambiental, consolidando un soporte académico e institucional clave para velar por la preservación del patrimonio natural y el derecho a la salud en la Amazonía peruana.