Masivo rechazo a proyecto de ley que permitiría extracción de hidrocarburos en Bahuaja Sonene y amenazaría a pueblos aislados
Una coalición de más de 120 organizaciones indígenas, sindicatos, sociedad civil y ciudadanos exige al Congreso y al Ejecutivo no delegar facultades que debilitarían la protección ambiental y los derechos de los PIACI bajo la "falsa premisa" de seguridad energética.
En una manifestación de unidad, diversas organizaciones indígenas, sindicatos, instituciones de la sociedad civil, colectivos juveniles y personalidades peruanas han expresado su "profundo rechazo" a la Propuesta Legislativa N° 98/2026-2031-CD, mediante la cual el Ejecutivo solicita delegación de facultades para legislar en materia de hidrocarburos y medio ambiente. A través del pronunciamiento público titulado "Defendamos nuestras Áreas Naturales Protegidas y Territorios Indígenas", los firmantes alertan que el proyecto representa una amenaza inminente para el patrimonio natural e indígena del país, ocultando graves riesgos bajo una "falsa premisa de seguridad energética".
La amenaza sobre Candamo y Bahuaja Sonene
El pronunciamiento denuncia explícitamente que la propuesta busca modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP) para permitir la extracción de hidrocarburos en el Parque Nacional Bahuaja Sonene, específicamente en la zona de Candamo. Esta medida contravendría la Ley N° 26834, que establece la intangibilidad y el uso indirecto de los parques nacionales, y representa un intento de revertir un fallo judicial firme. El texto recuerda que en octubre de 2025, PERUPETRO canceló la evaluación técnica en esta ANP por mandato judicial que confirmó la incompatibilidad absoluta entre la actividad de hidrocarburos y las áreas protegidas intangibles, por lo que pretender revertir esta situación mediante facultades delegadas afecta directamente el artículo 68 de la Constitución.
Riesgo de "genocidio" para pueblos aislados (PIACI)
Otro punto de alarma fundamental es el intento de modificar la Ley N° 28736 para "compatibilizar" la intangibilidad de las reservas indígenas con derechos contractuales de hidrocarburos, amenazando la vida de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI). La coalición advierte que esto revierte la lógica de protección obligada por el Convenio 169 de la OIT y subordina la salud de estas poblaciones vulnerables a la seguridad jurídica de contratos empresariales. Además, califican de "falsa" la justificación de esta modificación, dado que el marco legal vigente ya admite excepciones por "necesidad pública", revelando un "objetivo de demoler la intangibilidad de las reservas" y abriendo camino al "genocidio de los pueblos indígenas más vulnerables del planeta".
"Falsa premisa" de seguridad energética y debilitamiento ambiental
El pronunciamiento desmiente la "falsa premisa de seguridad energética" y la "alerta de desabastecimiento" que sustentan la urgencia de la delegación de facultades, asegurando que carecen de respaldo técnico riguroso. Critican que no se certifiquen reservas certificadas ni se proyecte la demanda nacional a 40 años, mientras se omite que la mayor parte de los 3,9 TCF extraídos del Lote 58 se destinan a la exportación. Asimismo, denuncian un debilitamiento ambiental generalizado, incluyendo la posible aplicación de silencio administrativo positivo y aprobación automática a instrumentos de gestión ambiental (EIA), a pesar de que evidencia oficial muestra que el 82% de las observaciones a estos estudios se deben a la deficiente calidad de los expedientes empresariales, y no a plazos legales.
Contravención de acuerdos internacionales
Finalmente, la masiva coalición, que incluye a organizaciones indígenas matrices como AIDESEP, CNA, ONAMIAP y FENMUCARINAP, sindicatos principales como la CGTP, CUT, CATP y FENTAP, y organizaciones de la sociedad civil como Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Proética, Oceana Perú, Environmental Investigation Agency (EIA), Frankfurter Zoological Society y ACCA, junto a 139 personas naturales, resalta que aprobar estas medidas contraviene múltiples obligaciones nacionales e internacionales, incluyendo la Constitución Política, fallos del Tribunal Constitucional, la Declaración Conjunta de Intención (Perú, Noruega, Alemania, Reino Unido), TLCs con EE.UU., UE y Reino Unido, y el Convenio 169 de la OIT. Exigen que no se prioricen actividades extractivas por encima de los derechos fundamentales y la conservación del patrimonio natural.
