Perú pierde más de S/ 1200 millones al año por pesca ilegal mientras herramientas satelitales clave siguen fuera del alcance de fiscalías y regiones

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) se ha consolidado como el tercer negocio ilícito más lucrativo a nivel global, solo por detrás del tráfico de drogas y de armas. En el Perú, esta actividad genera pérdidas anuales que superan los 1.200 millones de soles, amenazando gravemente la vasta biodiversidad marina y la economía de los verdaderos pescadores artesanales.

Ante esta crítica situación, especialistas y autoridades se congregaron este 24 de julio en el distrito limeño de Miraflores para debatir los avances y las enormes brechas en el uso de información satelital para la fiscalización pesquera. El evento, enmarcado en el proyecto Legal Ocean Watch (LOW) e impulsado por la asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), reveló una preocupante realidad: la tecnología de vigilancia existe, pero su acceso restringido limita el combate contra las mafias del mar.

El desafío de la interoperabilidad

Denisse Linares, líder de proyectos de DAR, explicó que el Ministerio de la Producción (Produce) cuenta con el Sistema de Seguimiento Satelital (SIESAT), la herramienta oficial para monitorear embarcaciones y generar pruebas con validez legal. Sin embargo, su acceso es exclusivo de dicha cartera gubernamental, dejando a otras entidades clave operando a ciegas.

Linares enfatizó la necesidad urgente de que el SIESAT sea interoperable. Permitir que los Gobiernos Regionales, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) y las Fiscalías Ambientales accedan a la plataforma agilizaría los procedimientos. 

Actualmente, las limitaciones logísticas del Estado para intervenir físicamente embarcaciones ilícitas en altamar generan procesos lentos que, tras cuatro años, terminan prescribiendo sin sanción alguna.

25 años de prohibición sin una sola multa

El panorama es igualmente crítico desde el análisis normativo. Percy Grandez, consultor especialista en Derecho Pesquero y Ambiental, presentó hallazgos alarmantes sobre la ineficacia punitiva del Estado. Según detalló, aunque la pesca de arrastre dentro de las primeras cinco millas marinas está expresamente prohibida desde hace 25 años, a la fecha no existe ni una sola sanción administrativa impuesta por esta infracción.

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El origen de esta impunidad radica en una trampa burocrática. Miles de embarcaciones que realizan pesca de arrastre o utilizan redes de cerco mecanizado operan con permisos de pesca artesanal, manteniéndose bajo la jurisdicción de los Gobiernos Regionales. Aunque la ley estipula que estas naves deben pasar a la categoría de menor escala —lo que las obligaría a usar el sistema SIESAT y pagar derechos de pesca al Produce—, el proceso de adecuación lleva un año y medio estancado por falta de reglamentación. En consecuencia, los Gobiernos Regionales, que carecen de tecnología satelital y presupuesto para patrullajes, se ven imposibilitados de fiscalizarlas.

Tráfico de especies y esperanza comunal

Las fallas del sistema sancionador también facilitan el tráfico internacional de especies. Grandez expuso el emblemático caso de la extracción de caballitos de mar, una especie protegida cuya captura está prohibida hace 22 años. En 2019, las autoridades intervinieron en el Callao un cargamento de 12 millones de ejemplares destinados al mercado asiático, valorizado en aproximadamente 6 millones de dólares. Pese a la magnitud del decomiso, la falta de una metodología para el cálculo de daños y la insuficiencia probatoria derivaron en una reparación civil irrisoria de apenas 20.000 soles y una multa menor a 30.000 soles. Hoy, lamentablemente, el Perú es el segundo país con mayor cantidad de decomisos de esta especie en el mundo.

Pese a este escenario adverso, surge una luz de esperanza impulsada por la vigilancia comunal y el uso de plataformas satelitales de acceso público, como Global Fishing Watch o Skylight. Recientemente, el gremio de pescadores de Cabo Blanco presentó la primera denuncia administrativa formal contra la pesca de arrastre en la primera milla, sustentada con rastreos de Skylight y videos grabados por drones en la Reserva Marina Tropical de Grau.

Estas pruebas irrefutables podrían marcar un precedente histórico y derivar en la primera sanción administrativa por este ilícito, además de activar penas que, con las recientes modificaciones al Código Penal, alcanzan hasta los ocho años de cárcel por delitos en áreas protegidas. La conclusión del panel fue unánime: para defender la riqueza del mar peruano, es imperativo democratizar las herramientas satelitales y empoderar a quienes custodian el litoral.