InforegiónTribunal de la Comunidad Andina admite demanda contra el Estado peruano por ineficacia ante la minería ilegal
El proceso, impulsado por comunidades de la cuenca del Nanay, cuestiona las constantes ampliaciones del REINFO y la debilidad en los mecanismos de extinción de dominio. El Tribunal supranacional otorgó al Perú 40 días para responder.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), con sede en Quito (Ecuador), admitió a trámite una demanda por incumplimiento contra la República del Perú. La acción legal fue interpuesta por la Coordinadora de Comunidades Nativas y Campesinas de la Cuenca del Nanay (CONACCUNAY) y siete ciudadanos locales, quienes denuncian los graves impactos y el avance descontrolado de la minería ilegal en esta vital cuenca amazónica.
La notificación del auto admisorio, formalizada el 20 de julio de 2026, marca el inicio de una etapa judicial decisiva. A partir de esta fecha, el Estado peruano cuenta con un plazo legal de 40 días calendario para presentar su contestación y ejercer su derecho a la defensa, mientras que el Tribunal ya dio por admitidos los medios probatorios presentados por la parte acusadora.
El peso de las ampliaciones del REINFO
El litigio se originó tras la evaluación del caso por parte de la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN), instancia que en octubre de 2025 emitió el contundente Dictamen No. 007-2025. En dicho documento, se concluyó que el Perú vulneró el ordenamiento jurídico comunitario andino al incumplir la Decisión 774, debido a que no fortaleció de manera adecuada los mecanismos de extinción de dominio sobre maquinarias, instrumentos y productos derivados de la minería ilegal, ni combatió eficazmente el lavado de activos y delitos conexos.
Sumado a ello, la SGCAN determinó que las sucesivas y cuestionadas ampliaciones del proceso de formalización minera, cuyo principal mecanismo de acceso es el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), constituyen una clara vulneración al artículo 4 del Tratado de Creación del TJCA.
Medidas cautelares en suspenso
Ante la inacción del Estado para subsanar los incumplimientos señalados en el dictamen, los demandantes decidieron elevar el caso al TJCA para exigir que se determine la responsabilidad internacional del país. Junto con la demanda principal, las comunidades y ciudadanos afectados solicitaron la suspensión provisional de las normativas estatales cuestionadas, exigiendo específicamente la paralización temporal del REINFO, un mecanismo considerado reiteradamente como un escudo legal que facilita el accionar de la minería ilícita.
No obstante, en su auto admisorio, el TJCA decidió dejar pendiente su pronunciamiento sobre esta medida cautelar, la cual deberá ser resuelta en los próximos días. Con el inicio formal de esta etapa judicial, el Tribunal supranacional deberá emitir un fallo definitivo que determine si las políticas adoptadas por el Perú, marcadas por la flexibilización de los plazos de formalización minera, resultan incompatibles con sus compromisos internacionales de prevenir, combatir y erradicar la minería ilegal en la región andina.