Protección de la Amazonía: líderes religiosos exigen acción
Representantes de diversas confesiones religiosas solicitaron al Gobierno, al Congreso y a las nuevas autoridades que la protección de la Amazonía y la lucha contra las economías ilegales se conviertan en prioridades nacionales. El pronunciamiento fue emitido tras una visita a la Reserva Nacional Pacaya Samiria y comunidades indígenas de Loreto, donde constataron el impacto de la minería ilegal, la tala indiscriminada y el narcotráfico sobre los bosques y los pueblos amazónicos.
La protección de la Amazonía fue el eje central del llamado realizado por líderes católicos, evangélicos, islámicos y de otras comunidades de fe reunidos en Iquitos por la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI Perú). En una carta abierta dirigida al Ejecutivo, al Congreso y a las autoridades que asumirán funciones en los próximos días, expresaron su preocupación por el crecimiento de las economías ilegales, que consideran una de las mayores amenazas para la gobernabilidad y la conservación ambiental del país.
Durante su recorrido por la Reserva Nacional Pacaya Samiria y una comunidad indígena murui bue, los representantes religiosos observaron los efectos de actividades ilícitas como la minería ilegal, el narcotráfico y la tala ilegal, que degradan los bosques, contaminan los ríos y generan violencia en las comunidades amazónicas.
Los firmantes sostienen que estas actividades no solo destruyen ecosistemas de enorme valor biológico, sino que también debilitan el Estado de derecho, favorecen redes criminales y ponen en riesgo la vida de los defensores ambientales e indígenas.
Protección de la Amazonía: pedidos para el próximo Gobierno
En su pronunciamiento, los líderes religiosos plantearon una serie de acciones concretas para enfrentar la crisis ambiental y social que vive la Amazonía peruana.
Entre las principales demandas destacan:
- Combatir con decisión la minería ilegal, el narcotráfico y la tala clandestina.
- Implementar acciones urgentes para recuperar el río Nanay, afectado por contaminación con mercurio y fuente principal de agua para Iquitos.
- Garantizar la seguridad de líderes indígenas y defensores ambientales amenazados por organizaciones criminales.
- Fortalecer la presencia del Estado mediante mejores servicios de justicia, salud y educación.
- Impulsar alternativas de desarrollo sostenible, como la bioeconomía, que permitan generar ingresos sin destruir los bosques.
El documento recuerda que numerosos defensores ambientales han denunciado amenazas constantes por enfrentar a organizaciones dedicadas a actividades ilícitas. Casos como el asesinato del líder indígena kichwa Quinto Inuma evidencian los riesgos que afrontan quienes protegen los territorios amazónicos.
Un compromiso ambiental y espiritual
Los representantes religiosos afirmaron que la defensa de la Amazonía trasciende el ámbito ambiental y constituye una responsabilidad ética compartida por toda la sociedad.
En la declaración sostienen que los bosques amazónicos no deben ser considerados únicamente como espacios para la extracción de recursos naturales, sino como un patrimonio indispensable para la estabilidad climática, la biodiversidad y la supervivencia de los pueblos indígenas.
Asimismo, remarcaron que proteger los ríos, los bosques y las especies que albergan representa un deber moral y espiritual, por lo que las comunidades de fe continuarán promoviendo campañas de sensibilización y educación ambiental en distintas regiones del país.
El pronunciamiento coincide con la creciente preocupación internacional por el incremento de la deforestación y la expansión de actividades ilegales en la cuenca amazónica, considerada uno de los principales reservorios de biodiversidad y un regulador fundamental del clima mundial.
La Amazonía, un desafío estratégico para el Perú
Especialistas en conservación advierten que la Amazonía peruana enfrenta presiones cada vez mayores debido al tráfico de tierras, la expansión de economías ilícitas y la contaminación de ríos por mercurio, especialmente en zonas donde la presencia del Estado continúa siendo limitada.
En ese contexto, los líderes religiosos insistieron en que el nuevo Gobierno debe convertir la defensa de los bosques en una política de Estado que articule esfuerzos entre los sectores Ambiente, Interior, Cultura y Desarrollo Agrario, además de fortalecer la coordinación con organizaciones indígenas y comunidades locales.
El llamado también busca impulsar modelos de desarrollo que generen oportunidades económicas sostenibles para las poblaciones amazónicas, reduciendo la dependencia de actividades ilícitas y contribuyendo a la conservación de uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Finalmente, las comunidades de fe reafirmaron su compromiso de acompañar a los pueblos indígenas en la defensa de sus territorios y de promover una cultura de respeto por la naturaleza, convencidas de que la protección de la Amazonía es indispensable para garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
Finalmente, las comunidades de fe reafirmaron su compromiso con la protección de la Amazonía y con la defensa de los pueblos indígenas. Revisa aquí más informes sobre la crisis ambiental en la Amazonía peruana y sigue nuestra cobertura sobre las amenazas de la minería ilegal, la tala clandestina y el narcotráfico en la selva.