Bosques amazónicos: fallo judicial los protege en San Martín
Una sentencia judicial declaró inaplicable una disposición de la Ley Forestal que permitía validar certificados de posesión sin considerar la zonificación forestal. La decisión busca frenar el tráfico de terrenos y fortalecer la conservación de la Amazonía peruana.
La protección de los bosques amazónicos obtuvo un nuevo respaldo judicial en San Martín. La Sala Civil de esta región declaró inaplicable la Única Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 31973, que modificó la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y estableció excepciones a determinados requisitos relacionados con la clasificación de tierras.
La decisión fue emitida el 18 de noviembre de 2025, en el marco de un proceso de amparo identificado con el expediente N.° 00273-2024-0-2208-JR-CI-02, según informó la Procuraduría General del Estado (PGE). El fallo responde a una solicitud de la Procuraduría Pública Regional de San Martín para reforzar la defensa del patrimonio forestal.
El pronunciamiento busca impedir que disposiciones legales permitan validar derechos sobre terrenos sin considerar adecuadamente las características y restricciones del territorio forestal. Con ello, se pretende reducir los riesgos de deforestación indiscriminada, ocupación irregular y tráfico de tierras en una región que alberga importantes ecosistemas amazónicos.
¿Qué establece la Ley Forestal y por qué fue cuestionada?
La Ley N.° 31973 modificó disposiciones de la Ley N.° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Su Única Disposición Complementaria Final estableció excepciones a la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor y a determinadas exigencias del artículo 38 de la legislación forestal.
Estos procedimientos son relevantes porque permiten determinar las características del suelo y establecer qué actividades pueden desarrollarse en un terreno sin comprometer sus condiciones ambientales.
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La controversia surgió por el riesgo de que esas excepciones facilitaran la formalización de predios sin una evaluación suficiente de su aptitud y de sus obligaciones de conservación. En ese contexto, el proceso judicial buscó evitar que la aplicación de la disposición afectara el derecho constitucional a disfrutar de un ambiente equilibrado y adecuado para la vida.
El Tribunal Constitucional también cuestionó disposiciones de la norma
La decisión judicial en San Martín se suma a los antecedentes del Tribunal Constitucional (TC), que en marzo de 2025 declaró inconstitucionales dos disposiciones complementarias transitorias de la Ley N.° 31973.
En los expedientes acumulados N.° 00002-2024-PI/TC, N.° 00003-2024-PI/TC y N.° 00005-2024-PI/TC, el máximo intérprete de la Constitución determinó que la suspensión de la obligatoriedad de la zonificación forestal para otorgar títulos habilitantes amenazaba la protección de los recursos naturales.
El TC también declaró inconstitucional otra disposición que afectaba áreas en proceso de reconocimiento, titulación o ampliación de comunidades campesinas y nativas, debido a que no se había realizado la consulta previa correspondiente.
Estos antecedentes muestran la importancia de mantener controles técnicos y jurídicos antes de autorizar actividades económicas que puedan modificar el uso de los suelos forestales.
La zonificación forestal es clave para conservar la Amazonía
La zonificación forestal permite identificar y delimitar las tierras forestales considerando factores ecológicos, la cobertura vegetal, la biodiversidad, la fragilidad de los ecosistemas y las características sociales y económicas del territorio.
Este proceso es fundamental para orientar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y distinguir las áreas donde determinadas actividades productivas podrían generar daños ambientales.
En San Martín, donde la conservación de los bosques convive con actividades agrícolas y otras formas de ocupación territorial, contar con instrumentos de planificación permite reducir los conflictos por el uso de la tierra.
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La aplicación de las normas forestales también contribuye a prevenir la expansión de actividades ilegales que destruyen la vegetación y afectan los hábitats de numerosas especies silvestres.
Casos de tala ilegal evidencian los desafíos de conservación
Los operativos contra la deforestación ilegal muestran que la protección de los bosques requiere tanto decisiones judiciales como acciones de fiscalización en el territorio.
En febrero de 2026, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Moyobamba informó sobre la destrucción de un campamento utilizado para la tala ilegal de bosques en el distrito de Yuracyacu, provincia de Rioja. Durante la intervención se incautaron máquinas y otros objetos presuntamente empleados en estas actividades, y se inició una investigación preliminar.
Asimismo, en noviembre de 2025, la Fiscalía informó que consiguió una condena de siete años y tres meses de prisión efectiva contra dos personas por la tala ilegal de seis árboles dentro del Área de Conservación El Quinillal, en la provincia de Bellavista.
Estos casos reflejan la necesidad de articular la justicia, las autoridades ambientales y los gobiernos regionales para prevenir daños irreversibles.
El fallo de San Martín representa un nuevo respaldo jurídico para la conservación de los bosques amazónicos. Su alcance concreto dependerá también de la aplicación de las normas, la vigilancia del territorio y la capacidad de las instituciones para impedir que la ocupación irregular de tierras derive en una mayor pérdida de cobertura forestal.
El fallo de San Martín representa un nuevo respaldo jurídico para la conservación de los bosques amazónicos. Revisa también nuestro especial sobre conservación de bosques amazónicos y conoce qué otras medidas se discuten para frenar la deforestación en el país.
