COP31: Perú exige fondos para la Amazonía, pero ignora la desprotección de los PIACI en su discurso

COP31: Perú exige fondos para la Amazonía, pero ignora la desprotección de los PIACI en su discurso

18 Nov 2026
Manuel Boluarte
Manuel Boluarte
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El ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc Portocarrero, priorizó en Turquía la bioeconomía y los mercados de carbono. Su intervención omitió a los pueblos indígenas, mientras organizaciones denuncian el desmantelamiento de las reservas para pueblos en aislamiento.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) se celebra en Antalya, Turquía, donde el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc Portocarrero, describió al Perú como un país de extraordinaria riqueza natural, golpeado por El Niño y por el retroceso de sus glaciares. Durante su intervención, exigió a los países desarrollados que el financiamiento climático deje de ser una promesa distante y se convierta en una oportunidad real.

El mensaje estuvo en línea con la posición habitual de los países en desarrollo. Sin embargo, dejó fuera temas cruciales en los que el Perú tenía mucho que mostrar y otros que siguen peligrosamente pendientes. Entre estos destaca una crisis que las organizaciones amazónicas han llevado incluso ante el Vaticano y la cooperación internacional: la desprotección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).

Un mensaje de inversión y resiliencia

El diagnóstico del ministro partió de la vulnerabilidad del país frente al cambio climático, advirtiendo cómo las inundaciones, sequías e incendios forestales amenazan la vida y el sustento de miles de familias.

A partir de ese escenario, Huaroc Portocarrero presentó la crisis como una oportunidad para transformar la economía y atraer inversiones, asignando un papel central al sector privado. En esa línea, aseguró que al Estado le corresponde ofrecer reglas claras que brinden confianza para invertir.

Sobre la Amazonía, a la que calificó como uno de los grandes pulmones naturales del planeta, el ministro señaló que su conservación es una responsabilidad nacional que requiere compromiso internacional. Presentó a la bioeconomía y la cooperación en los mercados de carbono como las vías principales para atraer inversiones, reducir emisiones y generar beneficios para las comunidades. Cabe recordar que el Minam estimó recientemente que estos mercados podrían movilizar US$250 millones al 2030.

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La única medida nueva anunciada en el foro global fue el impulso de una campaña nacional de educación y sensibilización para formar ciudadanos ambientales. Aunque es una iniciativa valiosa, pone el peso de la responsabilidad en la ciudadanía, cuando los principales desafíos climáticos del país exigen decisiones de Estado firmes. El discurso cerró reafirmando el compromiso con el multilateralismo y pidiendo que la cumbre marque el paso de las declaraciones a las decisiones.

Lo que quedó fuera de la agenda

El discurso peruano careció de cifras y metas. El país llegó a Antalya con su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), que contempla 84 medidas de adaptación, 66 de mitigación y un tope de 179 millones de toneladas de CO₂, pero este crucial documento técnico no fue mencionado. Tampoco aparecieron la deforestación ni la minería ilegal, que constituyen las principales presiones destructivas sobre la Amazonía peruana.

La ausencia más notoria, sin embargo, fue la de los pueblos indígenas. La Amazonía peruana es hogar de 51 pueblos originarios que gestionan más de 18 millones de hectáreas de bosque. El discurso oficial solo se refirió a ellos, de forma genérica e indirecta, como "nuestras comunidades".

Esta omisión pesa aún más cuando el eje del discurso son los mercados de carbono. En la propia COP31, diversas organizaciones indígenas del sur global han exigido participar en la definición de las reglas de estos programas. La intervención peruana no mencionó salvaguardas ambientales, no habló de consentimiento previo, libre e informado, ni explicó cómo se garantizaría la distribución equitativa de los beneficios.

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El reclamo ignorado por las reservas PIACI

Mientras el Perú expone sus riquezas naturales en Turquía, a nivel interno el Estado está desmantelando las garantías de protección territorial que él mismo reconoció. Por ello, las organizaciones indígenas han convertido la defensa de los PIACI en un condicionante crítico del financiamiento climático.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que representa a 2.439 comunidades amazónicas, ha denunciado graves negativas institucionales. El pasado 23 de octubre, la comisión estatal encargada rechazó la ampliación de la Reserva Indígena Madre de Dios, desprotegiendo el territorio de los Mashco Piro, el mayor grupo de indígenas en aislamiento del planeta. Dos semanas antes de ese revés, se bloqueó el reconocimiento de la Reserva Indígena Atacuari en Loreto.

Esto se suma a lo ocurrido en septiembre de 2025, cuando se rechazó la creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim, dejando desprotegidos a los pueblos aislados Matsés, Matís, Korubo, Kulina-Pano y Flecheiro.

Para AIDESEP, resulta una profunda contradicción que carteras como el Minam y el Midagri reciban millonarios fondos climáticos internacionales (como los de la Declaración Conjunta de Intención) mientras, en paralelo, votan en contra de las reservas indígenas.

El ministro Vladimiro Huaroc pidió en el pleno que esta conferencia marque el paso "de las declaraciones a resultados concretos". En el caso de los pueblos en aislamiento voluntario, esas decisiones urgentes no dependen de las negociaciones en Turquía; se toman en Lima, en una Comisión Multisectorial donde el clamor indígena sigue esperando respuestas que garanticen su supervivencia.

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